El informe anual del Síndic de Greuges de 2022, recientemente presentado ante las Cortes Valencianas, ha denunciado públicamente una vulneración de la legalidad por parte de la Generalitat Valenciana, diputaciones provinciales y ayuntamientos: la administración no puede exigir a los ciudadanos que pidan obligatoriamente cita previa si quieren ser atendidos presencialmente por un funcionario en las oficinas de atención al público.

En España, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece las normas que rigen la actividad de la administración pública, sometiendo todas las actuaciones de la administración pública a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, buena fe y servicio a los ciudadanos. (más…)