Nueva reforma de la formalización de contratos de compraventa agrícola. ¿Qué conlleva la nueva ley?

Nuesta Socia Matilde Tatay publica en Law & Trends las novedades que implica la Ley 2/2019, de 6 de febrero, de la Generalitat, de reforma de la Ley 3/2013, de 26 de julio, de los contratos de compraventa agrícola y otras relaciones jurídicas agrarias, para exigencia de la forma escrita y para la creación del registro de operadores, contratos y relaciones jurídicas agrarias.

Según recoge Tatay en su texto, esta reforma obligará a que la formalización de los contratos de compraventa agrícola sea siempre por escrito. con esta medida se evitarán prácticas abusivas como la prohibida compraventa "a resultas", que permitía cerrar la operación de forma verbal. La tipificación de esta infracción oscilará ahora desde los 5.000 al millón de euros.

"La ley, también, regula la creación de un registro de contratos de compraventa agrícolas para evitar como se recoge en el preámbulo de la ley, los contratos simulados, aquellos que son suscritos con posterioridad al pago de la venta de los productos agrícolas sin que se haya pactado precio previamente", afirma nuestra Socia.

Otra de las novedades que recoge la reforma es la prevención de validez del pacto de aplazamiento del pago siempre que aparezca en el contrato, así como la fecha del pago aplazado que no podrá se posterior a treinta días después de firmar el contrato. "Cuando se pacte un aplazamiento de pago del precio, la parte vendedora deberá emitir tras la recepción del contrato, uno o varios vales de pago, y la parte compradora los vales de recolección, los cuales deberán ser registrados junto con el contrato, en el Registro de Operadores, Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias", explica Tatay.

La nueva Ley , según matiza nuestra Socia, fomentará el arbitraje y la mediación promoviendo e impulsando la inclusión en los contratos de cláusulas que permitan la resolución de controversias sobre la interpretación y el cumplimiento de esta, mediante fórmulas alternativas o complementarias al ámbito jurisdiccional, como el arbitraje o la mediación.

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