¿Nueva? reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos

Nuestro Socio Joaquín Fuertes publica en El Economista una interesante reflexión sobre la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que entró en vigor el pasado 6 de marzo después de que en un primer intento el pasado 22 de enero fuera derogada por el Parlamento días después de su aprobación. El texto ha sufrido alguna variación y en esta ocasión parece que sí superará el trámite parlamentario. En el artículo, nuestro Socio recoge las principales novedades que traerá consigo esta reforma.

"La duración mínima de los contratos de arrendamiento de vivienda se fija en cinco años, con la particularidad de que el plazo se amplía a siete años en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica. Se mantiene la excepción de que el arrendatario manifieste su voluntad en contra a dichas prórrogas con un mes de antelación a la finalización de cada anualidad", puntualiza Fuertes en su artículo para El Economista.

Nuestro Socio también recuerda que en ese punto, se ha introducido la novedad de modificar el plazo mínimo de preaviso para comunicar la voluntad de no prorrogar un contrato tras los cincos o siete años de duración. Ahora, en el caso del arrendador será de cuatro meses, mientras que el arrendatario podrá hacerlo con dos meses de antelación antes del fin del contrato.

"Para que un propietario pueda recuperar su vivienda, una vez transcurrido el primer año de duración del arrendamiento, debe hacerlo constar expresamente en el contrato y, llegado el momento, comunicarlo con dos meses de antelación al arrendatario", explica Fuertes, quien matiza que salvo en los contratos de larga duración se limita a dos mensualidades de renta el valor de la garantía adicional a la fianza en metálico que puede ser exigida a la parte arrendataria como garantía.

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