Novedades en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Nuestra abogada Isabel Serrano publica un artículo en el medio especializado Canal Compliance en el que explica cuales son las principales novedades en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tras la entrada en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, para la transposición de diversas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo y abordar cuestiones de índole internacional; las empresas que ya cuentan con un Plan de Prevención de Riesgos Penal implantado deberán proceder a su revisión y actualización, en su caso, a fin de adaptarlos a la regulación actual.
"Se ha modificado el importe que ha de ser objeto de defraudación a partir del cual estaríamos ante un delito contra la Hacienda Europea, situándose en 100.000€. Por su parte, el delito de fraude de subvenciones de las Administraciones, incluidas las europeas, se cometerá si se obtienen ilícitamente ayudas o subvenciones por importe superior a 10.000 €, siendo castigados con una menor pena si el importe defraudado fuera inferior a 100.000 €", explica nuestra compañera.
Serrano también detalla que en cuanto a los delitos relativos al Mercado, la Ley ha previsto la inclusión de tres artículos, en los que se contemplan tres nuevas conductas delictivas: la utilización de información privilegiada a la que se tenga acceso reservado para realizar operaciones o transacciones financieras; revelar información privilegiada fuera del normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones poniendo en peligro la integridad del Mercado; y manipular el Mercado en cuanto a los índices de referencia e instrumentos financieros.
"Respecto de los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos, se ha ampliado el concepto de funcionario público que puede cometer los mismos, destacando la consideración como tal de “cualquier persona a la que se haya asignado y que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión, en los Estados miembros o en terceros países, de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre esos intereses”", afirma Serrano.