En el año 2011 la Unión Europea decidió poner en marcha una serie de medidas comunes para frenar la morosidad entre las empresas. Esta iniciativa se materializó en la Directiva 2011/7/EU que pretende disminuir los plazos de pago en operaciones comerciales.
La Directiva, que fue traspuesta al ordenamiento jurídico español en febrero de 2013, contempla reglas tanto para los pagos de las entidades publicas a las empresas, como entre las propias empresas privadas. Hay que destacar que las autoridades públicas están obligadas a pagar en 30 días, si bien se establecen algunas circunstancias excepcionales, en cuyo caso el plazo se amplía hasta los 60 días.
Debemos saber también, que en el momento de la presentación de esta directiva, y según palabras de Antonio Cañete, las empresas en España cobraban en una media de 156 días, mientras que en Francia cobraban a los 52 días. Esto se traducía en que las empresas españolas tenían que avanzar más dinero que las empresas del país vecino lo que suponía una desventaja competitiva muy importante.
Huelga decir por tanto las repercusiones negativas que tiene el retraso en los pagos en cuanto a la liquidez de las empresas y en su competitividad. Reducir la morosidad supone reducir también las necesidades de financiación.
Por todo ello recientemente la comisión encargó un informe para valorar cómo se están aplicando estas medidas y los resultados que se están obteniendo, cuyas conclusiones se han publicado recientemente en nota de prensa y vamos a intentar resumir aquí.
Partiendo de que los objetivos específicos de la directiva son:
- Que se pague puntualmente a los acreedores y que estos dispongan de medidas que les permitan ejercer plena y eficazmente sus derechos cuando cobren con retraso.
- Establecer medidas estrictas que disuadan a los deudores de pagar con retraso o de establecer condiciones de pago contractuales excesivamente largas.
Lo que se extrae del informe es en resumen lo siguiente:
- Que ha habido una disminución en más de 10 días del periodo medio de pago. Pero a día de hoy todavía más de la mitad de las entidades públicas de los estados miembros no respetan el plazo de 30 días adoptados por la legislación. En el sector privado los resultados han sido bastante mejores pero aún así 4 de cada 5 empresas siguen sufriendo retrasos en los pagos.
- Que la Directiva ha aumentado la concienciación sobre el problema de la morosidad a nivel político y de autoridades. El resultado de esta implicación es que las empresas conocen cada vez más las normativas relativas a la morosidad, así como sus derechos.
- Por otro lado se ha calculado que las empresas europeas se ahorraban 158 M de euros de costes financieros por cada día de reducción del plazo de pago. Sabemos que “una mala gestión en los pagos y cobros obliga a buscar soluciones que implicarán unos gastos financieros”.
- No cabe duda de que la publicación de esta Directiva era una medida necesaria y que está resultando eficaz pero ¿hasta qué punto estas medidas pueden tener el éxito deseado cuando se trata de que está en juego una relación comercial continua?. ¿quién quiere jugarse perder un cliente por ponerle una demanda?. La realidad es que “aproximadamente la mitad de los acreedores no ejercen sus derechos a reclamar intereses de demora y demás compensaciones por temor a dañar sus relaciones comerciales; o bien otros, sobre todo cuando se trata de transacciones con grandes empresas, aceptan los plazos más largos por ser inherentes a su actividad comercial. Este es el principal escollo para que se puedan cumplir los objetivos de la directiva”.
Para terminar, el informe elaborado propone unas acciones a los estados miembros para la futura mejora y eficacia del propósito de la Directiva de entre las que destacamos: Fomentar el desarrollo y la aplicación de iniciativas de apoyo, como los códigos de pago sin demora, la mediación y los incentivos para el pago puntual (identificación y denuncia pública), etc.
La conclusión, tal y como resume la nota de prensa es que el periodo medio de pago ha disminuido, pero hacen falta más esfuerzos.
Esperaremos a ver qué dice el próximo informe para ver si realmente es efectiva la Directiva puesto que algunos efectos de ésta pueden tardar más tiempo en materializarse.
Matilde Tatay
Área de Recuperaciones
Fuentes: Comisión Europea-Servicio de prensa, Comisión Europea-Área noticias
