Decenas de trabajadores interinos ya han llevado a los tribunales a la Generalitat Valenciana reclamando que se les convierta en trabajadores fijos, a raíz de una sentencia europea. Un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea califica de vulnerabilidad y abuso la situación de los trabajadores interinos del sector público español. Tal y como explica el diario Valencia Plaza, varios interinos presentaron un escrito a la administración valenciana para que se reconociera su carácter de personal fijo y sus plazas no salieran convocadas en futuras Ofertas Públicas de Empleo (OPE) o bien fueran indemnizados. El silencio por parte de la administración es lo que ha provocado que varios trabajadores públicos temporales den un paso más allá y pasen de la vía administrativa a la judicial, exigiendo que la Generalitat responde a las solicitudes que plantearon.
En Carrau Corporación somos especialistas en asesoramiento a personal laboral de la administración. Se trata de un área compleja y muy reglamentada. En cuestiones de equiparación de derechos con los funcionarios conocemos las diferencias y, cuando distinguimos entre trabajadores temporales, fijos o indefinidos no fijos, sabemos que los últimos son fruto de una creación jurisprudencial. Ante todas estas circunstancias y muchas más nos movemos con agilidad.
Somos un despacho con experiencia en los conflictos laborales con la administración. Por eso recomendamos a las personas afectadas por estas cuestiones que se asesoren con un especialista en la materia para poder defender sus derechos de la mejor manera. Contacte con nosotros para cualquier consulta sobre sus derechos como trabajador de la Generalitat valenciana.
Por el momento, son 28 las personas que han denunciado a la Generalitat, una cifra que, según el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) podría verse incrementada en los próximos días. La sentencia europea deja en manos de los tribunales nacionales la decisión de obligar a la administración pública empleadora a hacer fijo al trabajador o a pagarle una indemnización por término de contrato o despido, a la que no tienen derecho según la normativa nacional.
