El Parlamento aprobó ayer el Real Decreto-ley que incluye una prórroga de los plazos para obtener las autorizaciones de explotación y construcción de los proyectos de energías renovables. Los proyectos dispondrán de 36 meses más para la consecución de la Autorización Administrativa de Explotación y de seis meses más para obtener la Autorización Administrativa de Construcción. Además, prorroga los plazos hasta ahora establecidos para la conexión a red de los proyectos de energías renovables y la amplía hasta los ocho años.
- Autorización Administrativa de Explotación + 3 años (hasta 8 años)
- Autorización Administrativa de Construcción + 3 meses (hasta 49 meses)
Estas prórrogas, aprobadas por el Consejo de Ministros y ratificadas por el Parlamento, modifican los términos fijados anteriormente en el Real Decreto-ley 23/2020. Se trata de una medida para favorecer a la industria de energías renovables, para reducir tensiones y evitar el encarecimiento de los proyectos. Los promotores podrán prolongar hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación y sólo habrán de indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante.
El sector de las renovables demandaba una relajación de los plazos para la obtención de los permisos administrativos. Desde AVESEN, patronal de la energía renovable de la Comunidad Valenciana, han calificado la medida como necesaria “para poder gestionar el enorme retraso acumulado en las autorizaciones autonómicas”, en palabras de su director general Pedro Fresco, y ha solicitado a la Generalitat Valenciana que dé salida a los 415 expedientes por resolver.
Carrau Corporación dispone de un Área de Energías Renovables, especializada en el asesoramiento jurídico sobre esta materia. La dirige el socio de la firma Héctor Paricio, quien destaca que “los proyectos de energías renovables están viviendo un momento de expansión, viéndose afectados directamente por múltiples vertientes legales: nuevas normativas, permisos de diferentes administraciones, condicionantes paisajísticos y medioambientales… Ahora, más que nunca, los promotores de proyectos de energía renovable necesitan un asesoramiento especializado para llevar adelante sus planes con éxito y en el plazo más breve posible”.
El Gobierno español considera que la medida de prorrogar plazos garantiza la seguridad jurídica necesaria para la consecución de los indicadores de implementación fotovoltaica del Plan Integrado de Energía y Clima, de acuerdo con los objetivos de descarbonización para 2030. Para la patronal del sector, la medida era necesaria por la imposibilidad de cumplir los plazos originales para la construcción y conexión de todos los proyectos pendientes.
También el Gobierno ha señalado que se facilitará el acceso a los fondos para autoconsumo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con modificaciones puntuales en el Real Decreto 477/2021, habilitando a las comunidades autónomas a reducir la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación. Y el Real Decreto-ley contempla que las subastas de apoyo a renovables premien a los mejores proyectos desde el punto de vista industrial y socioeconómico: “las subastas para otorgar el Régimen Económico de Energías Renovables podrán incluir criterios de adjudicación no económicos con una ponderación máxima del 30%, como la contribución a la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la innovación, el impacto socioeconómico del proyecto u otros aspectos que mejoren la integración de las renovables en el sistema eléctrico”.
