Ninguna medida especial se ha tomado durante el estado de alarma, ni se va a tomar, en relación con la Administración de Justicia. La Administración de Justicia es uno de los “hermanos pobres” de nuestro Estado de Derecho, más aún en las actuales circunstancias y por ello las consecuencias de esta crisis van a ser muy negativas, sufriéndolas como siempre los ciudadanos y las empresas.
Entre las variadas normas dictadas en las últimas semanas y las numerosas medidas adoptadas no aparece por ningún lado ninguna que afecte a nuestra Justicia que, desde marzo, se encuentra con todos los procedimiento paralizados – salvo excepciones urgentes en penal y familia -, los plazos procesales suspendidos y los funcionarios en casa cumpliendo las medidas de confinamiento. Quiere ello decir, de hecho, que la Justicia no se ha considerado como algo esencial y, a la vista de lo acaecido y que nadie ha levantado la voz, habremos de colegir que a nadie le parece mal. Para muestra un botón: el Ministro de Justicia no está en el Gabinete de Crisis, el llamado Alto Mando contra el COVID19.
En el actual contexto, lo grave no es que a la Administración de Justicia no se le preste atención, eso no implica que los derechos de los ciudadanos se vean mermados en modo alguno. Lo realmente grave es que quienes soliciten su amparo y recurra a los Juzgados en demanda de una reclamación legítima -ya sean personas físicas o jurídicas- se van a encontrar con unos tribunales colapsados.
Lo que los profesionales de la justicia prevemos es una avalancha de demandas y reclamaciones ante los Juzgados de lo Social, Mercantil, Civil y Administrativo, -parece que en Penal pueden seguir las cosas más o menos como hasta ahora- que sumado a la ya de por si saturación de asuntos en dichas jurisdicciones desembocará, con gran probabilidad, en un bloqueo en la resolución de temas y, consecuentemente, en dilaciones en obtener una satisfacción a las demandas de ciudadanos y empresas que son inadmisibles. Volverá a manifestarse con toda su crudeza el axioma de que una justicia lenta -todavía más- no es justicia.
Uno se pregunta qué ha hecho de verdad la Administración de Justicia durante estas semanas, dos meses prácticamente que va a durar el estado de alarma: la respuesta es nada. Y no sirve aquello de que el Consejo General del Poder Judicial se ha reunido y hecho propuestas. ¿Qué han hecho los Jueces , los Fiscales, los Letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios? ¿Han puesto al día los expedientes y dictado las Sentencias y demás resoluciones pendientes? . O mucho me equivoco o no han hecho nada o muy poco, cuando con una conexión vía internet a su Juzgado y un ordenador podían haber seguido trabajando. Cobrar, desde luego, si que siguen haciéndolo.
¿Qué va a pasar después del confinamiento? Algunas de las medidas apuntadas para reactivar la justicia es que los funcionarios trabajen más horas pero, sinceramente, permítanme que dude sobre que eso vaya a ser así. Nadie va a renunciar a sus vacaciones, porque tiene derecho a ellas y tampoco se trabajará más en julio y en agosto aunque tradicionalmente sean períodos en que baja la actividad. Pero estamos desviándonos de lo fundamental. Estamos ante una oportunidad para tomar decisiones valientes que cambien la manera de trabajar en la Administración de Justicia. Modernicen, actualicen, den respuestas rápidas y efectivas a los ciudadanos, cambien leyes y organización. Una reforma eficaz requerirá, claro, atención presupuestaria y no caer en la resignación. Y para empezar a cambiar la justicia, empiecen con gestos. Eliminen las togas. Que los juicios sean sin esa prenda que nos pasamos los Abogados y Procuradores de unos a otros a lo largo de una mañana de juicios. Por ser coherente y por higiene. Ir sin toga también nos acercará a los ciudadanos. Que falta hace.
Héctor Paricio. Abogado Socio de Carrau Corporación
(Este artículo fue publicado en la edición impresa del diario El Mundo el 21 de abril de 2020)
